El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) informó que los beneficiarios salvadoreños del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) mantienen su protección migratoria y autorización de empleo mientras no publique una determinación definitiva. El escenario guarda relación con los venezolanos, cuyos permisos laborales para determinados beneficiarios tienen como fecha clave el 2 de octubre.

Qué dijo el Uscis sobre el TPS de El Salvador

En el caso de El Salvador, el Uscis y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no comunicaron una decisión final sobre el programa antes del vencimiento del período correspondiente al 9 de septiembre. Ante esta situación, la agencia aclaró que los beneficiarios continúan protegidos.

“Se hará un anuncio sobre el TPS de El Salvador en el momento oportuno. Hasta que se realice dicho anuncio, los salvadoreños presentes en EE.UU. bajo el programa conservan su protección, incluyendo la autorización de trabajo”, aclaró la agencia en su sitio web.

De acuerdo con Associated Press, la falta de una determinación definitiva activa una extensión automática de seis meses, concretamente de 180 días. De esta manera, alrededor de 170.000 salvadoreños permanecen temporalmente amparados por el TPS.

TPS: por qué octubre es una fecha clave para venezolanos

El caso de Venezuela presenta un escenario diferente. Las designaciones del TPS correspondientes a 2021 y 2023 fueron canceladas, pero determinadas personas permanecen protegidas por una orden judicial que mantiene vigentes sus documentos migratorios y laborales hasta el 2 de octubre.

Según el sitio web del Uscis, la designación de 2023 fue objeto de una decisión del DHS para ponerle fin al considerar que Venezuela ya no reunía las condiciones requeridas. Posteriormente, el 3 de octubre de 2025, la Corte Suprema permitió que esa terminación comenzara a aplicarse de inmediato.

En paralelo, el DHS estableció el fin de la designación de 2021 para el 7 de noviembre de 2025. Entre ambas designaciones, más de 615.000 venezolanos fueron alcanzados por la cancelación del TPS.

Qué venezolanos mantienen su permiso de trabajo EAD hasta octubre

La orden emitida el 30 de mayo de 2025 por la Corte de Distrito del Norte de California estableció una protección para determinados beneficiarios venezolanos. Las personas que se reinscribieron y recibieron el Documento de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés), formularios I-797 o I-94 con vencimiento el 2 de octubre pueden conservar su autorización laboral hasta esa fecha.

Por ese motivo, el 2 de octubre representa un punto de referencia para miles de venezolanos que todavía cuentan con documentación vinculada al TPS. La situación no equivale a una nueva designación del programa, sino a la protección derivada de la orden judicial mencionada.

Hasta el momento, el Uscis no emitió ningún aviso adicional con respecto a estos beneficiarios venezolanos. Al no contarse aún con un pronunciamiento gubernamental ni con un mecanismo claro de prórroga, este sector de la población afronta la inminente pérdida de su protección frente a la deportación y de sus permisos para trabajar legalmente en EE.UU.

Qué alternativas existen ante el fin del TPS

La pérdida o finalización del TPS no significa necesariamente que una persona quede sin opciones migratorias. El Uscis contempla distintas vías que pueden ser evaluadas de acuerdo con las circunstancias particulares de cada inmigrante.

Una posibilidad es determinar si existe elegibilidad para solicitar la green card bajo alguna de las categorías migratorias disponibles. Otra alternativa puede ser el asilo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos y el plazo aplicable no haya vencido previamente.

El Uscis también recomienda revisar otras posibilidades migratorias mediante su herramienta para explorar opciones. Por ahora, tanto salvadoreños como venezolanos deben prestar atención a las fechas de sus documentos y a las decisiones oficiales.

• El Gobierno envió a Diputados el Presupuesto 2027. Prevé una inflación del 18% para el próximo año y un dólar que llegará a $1847,60 a fin de año. La estimación del crecimiento del PBI es del 4% y una suba del salario promedio del 25,4%. “Será la primera vez en nuestra historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera sin estar el país en default”, dijo el ministro Caputo.
• Creció en agosto la cantidad de juicios por riesgos laborales. Hubo casi 15.000 demandas según las ART y es el segundo mes con mayor cantidad de casos en los 30 años del sistema: representa un incremento interanual de 11,3%. Se proyecta, según la Unión de ART, que el año va a cerrar con poco más de 138.000 causas iniciadas.
• La Reserva Federal de Estados Unidos define si sube las tasas de interés. Hay expectativa en los mercados globales por el anuncio. Según los analistas, lo más probable es que la Fed disponga una suba de 0,25 puntos porcentuales en la tasa de interés: así pasaría del rango actual de 3,5-3,75% al de 3,75-4%.
• Boca clasificó a las semifinales de la Sudamericana. Eliminó en Brasil a San Pablo después de empatar 1 a 1 el partido de vuelta de los cuartos de final. El Xeneize ganó la serie por 2-1 y está entre los cuatro mejores del torneo: va a enfrentar a Vasco da Gama en la semifinal. “Estoy orgulloso del grupo”, dijo Rodolfo Arruabarrena tras la clasificación.
• Leo Messi tendrá su partido despedida de la Selección en el país. El capitán fue incluido en la lista de convocados para los amistosos de la próxima fecha FIFA: el homenaje será en el Monumental ante Benín el 6 de octubre. La confirmación llegó a través de un video publicado por el presidente de AFA, Claudio Tapia, quien también detalló que van a invitar a todos los campeones del mundo de Qatar.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó que el migrante colombiano Carlos Felipe Jaramillo-Grajales fue sentenciado a tres años de prisión federal tras confirmar el uso del nombre de un ciudadano estadounidense para obtener su pasaporte y Seguro Social.

Qué se sabe del colombiano que usó una identidad falsa para obtener el pasaporte y Seguro Social

Jaramillo-Grajales tiene 55 años y emigró a EE.UU. hace más de 20 años. En ese tiempo, utilizó el nombre, fecha de nacimiento y el número de Seguro Social de un ciudadano estadounidense para conseguir beneficios y documentos gubernamentales.

En marzo de 2003 obtuvo por primera vez una licencia de conducir de Florida a nombre de la víctima, renovándola de forma periódica hasta febrero de 2024. En abril de ese mismo año, solicitó un pasaporte presentándose como ciudadano estadounidense.

El documento fue expedido en mayo de 2003 y lo renovó tanto en febrero de 2013 como en marzo de 2023. “Este inmigrante pasó años explotando la identidad robada de un ciudadano estadounidense para obtener documentos”, señaló Tim Hemker, agente especial adjunto a cargo de HSI en Jacksonville.

En diciembre de 2010, se registró para votar en Florida luego de declararse como ciudadano estadounidense nacido en Puerto Rico. Tras aprobarse su registro, votó en múltiples elecciones. Entre ellos, los comicios generales del 3 de noviembre de 2020.

El uso de su ciudadanía estadounidense falsa en su matrimonio

En septiembre de 2003, se casó con su pareja bajo la identidad falsa que él utilizaba. Al contraer nupcias, la mujer pudo obtener la residencia y la ciudadanía estadounidense en agosto de 2017. La pareja se divorció en enero de 2020.

En mayo de 2024, Jaramillo Grajales viajó a Colombia con un nombre falso. En junio de ese año, su exesposa viajó al país latinoamericano y solicitó una visa de prometido (K-1) para él, pero esta vez utilizando su nombre e identidad real.

Una vez aprobada la visa, regresó de manera legal a EE. UU., se volvió a casar con su exesposa en junio de 2025 y solicitó la residencia permanente fundamentándose en su matrimonio con una ciudadana estadounidense.

Sentencia contra Carlos Felipe Jaramillo-Grajales

El 12 de agosto de este año, el juez federal Harvey E. Schlesinger lo condenó a 3 años de prisión federal luego de haberse declarado culpable de falsedad en solicitud de pasaporte, robo de identidad agravado, declaración falsa sobre un número de Seguro Social y declaración falsa de ciudadanía estadounidense para registrarse y votar.

El tribunal también ordenó que, una vez que cumpla la totalidad de su condena en la cárcel federal, sea deportado de manera inmediata a Colombia.

Tras la resolución, Markwayne Mullin, secretario del DHS, resaltó que la condena pone fin a más de dos décadas de explotación de identidad ilegítima.

“Siempre se luchará por proteger la integridad de nuestras elecciones, porque la seguridad electoral es seguridad nacional. Solo los estadounidenses deben elegir a sus líderes”, remarcó.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, junto con una coalición de gobiernos locales, presentó una demanda federal contra la ampliación de la regla de carga pública. La normativa está prevista para comenzar a aplicarse el 18 de septiembre y permitiría considerar una lista más amplia de beneficios públicos al evaluar determinadas solicitudes de residencia permanente.

Qué dijo Mamdani sobre la demanda de Nueva York al gobierno de Donald Trump

La demanda fue presentada el 14 de septiembre ante un tribunal federal de Manhattan y cuestiona la regulación que aplicarán los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) al analizar solicitudes de ajuste de estatus.

Según lo retomado por AMNY, la presentación fue realizada por Nueva York junto con Chicago, San Francisco, Seattle, Washington D.C. y el condado de Santa Clara. En paralelo, la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, impulsa otra demanda contra la misma regulación.

Ambas acciones buscan evitar que la disposición entre en vigencia el próximo 18 de septiembre. “La nueva norma sobre la carga pública pretende alejar a las familias inmigrantes de los programas que han proporcionado alimentos y salud a la población durante décadas”, dijo Mamdani en una conferencia de prensa.

La coalición sostiene que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) excedió las facultades otorgadas por el Congreso y modificó el concepto histórico de carga pública. También afirma que la administración federal actuó de manera arbitraria y no cumplió con los procedimientos requeridos para establecer cambios sustanciales en las reglas migratorias.

Mamdani y el asesor jurídico municipal Steve Banks señalaron que el efecto de las nuevas políticas de la administración Trump podría alcanzar a familias que necesitan atención médica, programas de nutrición o asistencia habitacional.

“Ningún inmigrante neoyorquino debería tener que elegir entre su estatus migratorio y los beneficios a los que tiene derecho legalmente”, dijo Banks.

La ciudad fundamenta parte de su reclamo en el impacto que tendría la medida sobre una población inmigrante numerosa. Según los datos incluidos en la demanda y retomados por AMNY, Nueva York cuenta con más de 3,1 millones de residentes nacidos fuera de EE.UU., equivalentes al 38% de su población.

Qué cambiará con la nueva regla de carga pública que desafió Nueva York

• Hasta el 17 de septiembre, el Uscis considera principalmente la recepción de determinados beneficios en efectivo destinados al mantenimiento de ingresos y la institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.
• Desde el 18 de septiembre, el análisis podrá incluir todos los programas públicos sujetos a evaluación según los ingresos que reciba el solicitante.

Entre los programas que podrán formar parte de la revisión aparecen:

• Ayudas económicas en efectivo
• Subsidios de vivienda
• Cupones de alimentos o SNAP
• Determinados programas de asistencia financiera para estudios universitarios

La nueva regulación rescinde el esquema establecido en 2022 y concede a los funcionarios mayor margen para valorar las circunstancias de cada persona. “Las familias que sigan cumpliendo todos los requisitos para recibir prestaciones sufrirán un efecto disuasorio, y todos los neoyorquinos lo pagarán”, cuestionó Mamdani.

El análisis no se limitará a determinar si alguien recibió un beneficio. El Uscis deberá considerar de manera conjunta factores como la edad, la salud, la situación familiar, los recursos económicos, los activos, la situación financiera, la educación y las habilidades.

Qué inmigrantes están sujetos y quiénes quedan fuera de la regla de carga pública

La modificación afecta principalmente a las personas que soliciten el ajuste de estatus para obtener la green card, tanto mediante determinadas categorías familiares como laborales.

Para estos casos, la fecha del envío de la solicitud será relevante frente a la entrada en vigor de la nueva regulación.

Los solicitantes que presenten el I-485 de manera electrónica o cuyo formulario tenga matasellos del 18 de septiembre o posterior deberán utilizar la nueva edición, fechada el mismo día.

También se modificaron las disposiciones relacionadas con las fianzas de carga pública mediante los I-945 e I-356.

La legislación mantiene excepciones para distintos grupos. Entre ellos figuran refugiados, asilados, solicitantes y beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), víctimas de determinados delitos o trata mediante visas U y T, autopeticionarios bajo VAWA y Jóvenes Inmigrantes Especiales, entre otras categorías protegidas.

Tras seis años de relación, el martes 15 de septiembre, Julieta Prandi y Emanuel Ortega dieron el sí en el Registro Civil de San Isidro. Fue una ceremonia íntima y privada en la que dijeron presente sus hijos, sus padres y los hermanos de ella, pero no así los de él. Esta ausencia no pasó inadvertida y trascendieron versiones de que esto podría deberse a su lealtad hacia Ana Paula Dutil, exesposa del músico y madre de sus hijos. Sin embargo, en medio del revuelo mediático, la exmodelo rompió el silencio y dejó en claro qué piensa de la nueva unión conyugal.

En la emisión del martes de LAM (América TV), Karina Iavícoli reveló que, tras las dudas sobre una supuesta fractura en el clan Ortega, se comunicó con Dutil para preguntarle por el casamiento de su ex y Prandi y compartió el intercambio de mensajes que tuvieron. “Ella es amorosa. En líneas generales, agradece siempre el respeto. Le dije: ‘Vi a tus hijos, qué lindos y qué grandes están’, y me dice: ‘La quieren mucho a Julieta y eso dice mucho para mí y me parece muy importante’”, leyó la panelista.

“Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”, sentenció Dutil, de acuerdo con el mensaje, dejando en evidencia su apoyo hacia la pareja.

Al casamiento solo asistieron Bautista e India, los hijos de Emanuel y Dutil, como así también sus padres Palito Ortega y Evangelina Salazar. También estuvieron Mateo y Rocco, los hijos de Julieta con su exmarido Claudio Contardi, sus padres y su hermana, además de algunos pocos familiares y amigos. “La verdad es que estoy muy contento por los dos. Yo a Julieta la quiero muchísimo y es lo que le dije cuando le entregaron los anillos: ‘Desde que llegó a la vida de mi papá, mi papá está mucho más contento; se lo ve en los ojos, en la mirada, en la cara y eso me pone muy feliz por él’”, expresó el primogénito del cantante en diálogo con PrimiciasYa (América TV) y aseguró que Prandi “siempre fue una más de la familia”.

Sin embargo, lo que no pasó inadvertido fue la ausencia de Sebastián, Luis, Julieta y Rosario Ortega, los cuatro hermanos del novio. Según explicó Yanina Latorre en Sálvese quien pueda (América TV), esto pudo haberse debido a que no estarían felices con su compromiso y habrían calificado a Prandi como una “usurpadora”. “Una amiga de Julieta Ortega me dijo: ‘Julieta dice en la intimidad que Prandi es una conchu... Que llegó para dividir a la familia. No puede creer que su hermano esté ciego y se deje llevar de las narices por Julieta. Se hace la mosquita muerta, pero es malísima’”, expresó la conductora.

Asimismo, deslizó la posibilidad de que el descontento podría estar vinculado con que la modelo ocupó el lugar de Dutil, quien es amiga de Julieta Ortega.

Por su parte, Karina Iavícoli comentó en LAM que Evangelina Salazar desmintió cualquier tipo de conflicto entre sus hijos y aseguró que la ausencia se debió a que la invitación llegó solo seis días antes y no tuvieron tiempo de reacomodar sus compromisos. “Se tomó el trabajo de decir que estaban todos muy ocupados y que, como les habían avisado muy tarde que se casaban, no se pudieron organizar. Es medio raro”, sostuvo la panelista.

El dólar minorista se comercializó este martes a $1530 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1560 para la misma operación. A cuánto llega el riesgo país.

El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este miércoles 16 de septiembre a los 499 puntos.

Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2480,70. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1480 para la compra y $1530 para la venta.

La empresa avícola Granja Tres Arroyos se presentó en concurso preventivo de acreedores ante la Justicia Nacional en lo Comercial, en medio de la crisis financiera, judicial y laboral que atraviesa. La causa quedó radicada en el Juzgado Comercial N.º 21, Secretaría N.º 42, y al 15 de septiembre figuraba “en despacho”, según surge del sistema de consulta de expedientes judiciales. Es la segunda firma del grupo GTA que acude a este mecanismo judicial, después de Wade SA.

El expediente está registrado bajo el número COM 018558/2026, con la carátula “Granja Tres Arroyos S.A.C.A.F.I. s/concurso preventivo”. La información disponible hasta el momento no permite afirmar que el concurso haya sido formalmente abierto por el juzgado, aunque fue confirmado por fuentes de la compañía a LA NACION que el trámite fue iniciado formalmente. Lo que consta por ahora es la presentación del proceso concursal y su radicación. Vale aclarar que la apertura requiere una resolución judicial.

La universalización de los servicios de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) no aparece en el horizonte inmediato de su privatización. Una proyección de la compañía estima que el agua potable llegará al 100% dentro de 40 años y la cobertura total de cloacas demandará otros cinco.

Se trata de una concesión que alcanza a 3.363,51 kilómetros cuadrados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y a más de 15 millones de personas. Al comienzo, pese a que el nuevo dueño deberá invertir unos US$2000 millones hasta 2031, la proporción de habitantes atendidos prácticamente no cambiará.

El contrato de concesión establece que, al finalizar los 30 años iniciales, la cobertura deberá alcanzar, como mínimo, al 90% de la población en agua potable y al 75% en cloacas. AySA proyectó que en 2056 habrá 14.176.000 habitantes con agua (caída poblacional) y 4.930.000 cuentas de servicio. Estas últimas no equivalen a hogares: una cuenta puede corresponder, por ejemplo, a un edificio.

Con 14.966 nuevas demandas, agosto de este año se subió al podio y se convirtió en el segundo mes con más juicios iniciados contra las aseguradoras de riesgos del trabajo (ART) desde que rige el actual sistema, es decir, desde julio de 1996. El octavo mes del año trajo un incremento interanual de 11,3%, y eso llevó a proyectar que 2026 cerraría con 138.243 litigios iniciados en todo el país, según un comunicado emitido por la Unión de ART.

Entre septiembre de 2025 y agosto de este año (últimos 12 meses), las nuevas causas en la Justicia fueron 136.979, en tanto que entre enero y agosto últimos la cantidad llegó a 87.553.

“Esa cantidad no guarda ningún tipo de relación con los trabajadores asegurados a través de las ART ni con los niveles de siniestralidad, que se reducen año a año”, expresó la entidad que reúne a las aseguradoras, en referencia a la proyección de casos durante todo este año.

“¿Qué estamos haciendo? Curiosamente, lo explicó muy bien un periodista kirchnerista”, chicaneó Luis Caputo al describir el rumbo del modelo. De esta manera, el ministro de Economía picanteó a Diego Iglesias, quien viajó a la ciudad de Shenzen y contó desde allí el crecimiento económico de China.

“Él está en China; si ustedes cambian Shenzhen por la Argentina, es exactamente lo que estamos haciendo. La explicación que da él es perfecta”, acotó el titular del Palacio de Hacienda durante su discurso en el Día de la Exportación junto a la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), antes de pasar un video con el testimonio de Iglesias.

En diálogo con Radio Con Vos y citado por el ministro, Iglesias contó: “Para entender la China moderna que a todos nos sorprende, hay que entender Shenzhen. Es la primera ciudad china que se transformó en una zona económica especial en 1980. El Partido Comunista Chino hizo un experimento con una economía de mercado: liberaron los precios y atrajeron grandes inversiones a través de extraordinarios incentivos fiscales y aranceles cero. Transformaron ese pueblo pesquero en una ciudad extraordinaria”.

El proyecto de presupuesto 2027 que envió este martes el Gobierno al Congreso y que presume, entre otras variables, un crecimiento del PBI del 4% anual, un dólar mayorista en $1847,6 en diciembre y una inflación de 18% interanual en igual período, fue considerado “muy optimista” por economistas consultados, que, sin embargo, destacaron como positivo el compromiso con el equilibrio fiscal.

Milagros Gismondi, economista jefe de la consultora Invecq, opinó que lo primero a señalar es que, de cumplirse este Presupuesto, se daría un cuarto año consecutivo de superávit primario y financiero en 2027, algo casi inédito en la historia argentina. “Es cierto que el superávit primario de 2026 se ajustó a la baja (de 1,5% del PBI en el Presupuesto 2026 a 1,3% en este, para el mismo año), pero según lo presentado, el superávit financiero se mantendría estable en 0,2% del PBI”, agregó.

Faltan poco más de dos meses para que se cierre el período legislativo. Ese plazo es importante porque el Gobierno parece obsesionado con cambiar la legislación electoral vigente, sobre todo con la eliminación o suspensión de las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas (PASO). Resulta, y de ahí lo perentorio de aquel plazo, que la Cámara Nacional Electoral dictó una acordada en la que advierte que laslas reglas del juego deben respetarse cuando se avecinan las elecciones. Los jueces de esa Cámara (Alberto Dalla Vía, Santiago Corcuera y Daniel Bejas) escribieron la oportuna resolución porque el proyecto de reforma política que ahora debate el Senado incluye algunos cambios esenciales para los comicios, justo cuando falta un año para las elecciones presidenciales en las que Javier Milei aspira a renovar su mandato.

El Gobierno presentó este mediodía la radiografía que espera para el año electoral en materia económica. Según el proyecto de presupuesto 2027 enviado al Congreso, se presume un crecimiento del PBI del 4% anual; el dólar promedio mayorista se proyecta en $1847,6 en diciembre y la inflación estaría “desacelerando” al 18% interanual en el mismo período.

El principal foco está puesto en el mantenimiento del superávit primario. “De cara a 2027, el mantenimiento irrestricto del equilibrio de las cuentas públicas se consolidará como la regla fiscal inalterable de esta administración, previendo lograr por cuarto año consecutivo un excedente financiero en las cuentas públicas nacionales. Cabe destacar que se trata de un hecho inédito en la historia del país al lograrse en un contexto sin default”, afirmó el Ministerio de Economía en una síntesis de la hoja de ruta.

El gobierno de Reino Unido publicó este martes una guía para “proteger” a las empresas que se encuentran en las islas Malvinas de las sanciones establecidas por el gobierno argentino.

En el documento “Hacer negocios con las islas Malvinas [Doing business with the Falkland Islands en el título original]”, publicado en el sitio oficial de la administración, incentivaron a las compañías a trabajar en las islas y hablaron de actividad económica “legítima” en el archipiélago. En el texto también argumentaron que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar la ley en las islas.

UNA POR UNA TODAS LAS CLAVES ACÁ.

El gobierno dio a conocer los ejes principales del Presupuesto 2027 que este martes ingresó a la Cámara de Diputados. Las previsiones se discutieron en la reunión de la mesa política, que se extendió por más de tres horas y media. Allí se abordaron dos temas centrales: las principales variables económicas previstas para 2027 y la agenda legislativa.

De acuerdo a la información, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027. “Se prevé un crecimiento del PBI del 4 por ciento”, sostuvieron. Entre otros supuestos, el Presupuesto 2027 estima que la inflación acumulada en el año será del 18% (21,1% promedio durante 2026), mientras que los salarios tendrán un ajuste promedio del 25,4%.

“¿Qué estamos haciendo? Curiosamente, lo explicó muy bien un periodista kirchnerista”, chicaneó Luis Caputo al describir el rumbo del modelo. De esta manera, el ministro de Economía picanteó a Diego Iglesias, quien viajó a la ciudad de Shenzen y contó desde allí el crecimiento económico de China.

“Él está en China; si ustedes cambian Shenzhen por la Argentina, es exactamente lo que estamos haciendo. La explicación que da él es perfecta”, acotó el titular del Palacio de Hacienda durante su discurso en el Día de la Exportación junto a la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), antes de pasar un video con el testimonio de Iglesias.

El fútbol, dice Estados Unidos, no es el Mundial de la FIFA. El fútbol es lo que acaba de volver. La semana pasada abrió la temporada número 107 del fútbol americano. Así desde 1920. Siguió el fútbol tras el ataque de Pearl Harbour y también luego del asesinato de John Fitzgerald Kennedy. El kick off del miércoles pasado en Seattle, semana aniversario del atentado a las Torres Gemelas del 11 de setiembre de 2001, incluyó un momento de silencio, homenajes y vuelo de aviones de caza sobre el Lumen Field de Seattle, ciudad marcadamente demócrata. Himno, a su modo, de Mike McCready, guitarrista de Pearl Jam.

Es fútbol americano. Santuario deportivo de la patria. Y es el décimo aniversario de Colin Kaepernick, el quarterback de los San Francisco 49ers cuya protesta de 2016, arrodillamiento ante el himno de Estados Unidos, se expandió a millones. Campeones de la NBA, la capitana del fútbol Megan Rapinoe, los músicos Eddie Vedder y Stevie Wonder, equipos infantiles y universitarios, porristas, artistas, congresistas. Lewis Hamilton, Justin Trudeau, la Premier League, actores en la TV. Cientos de miles en todas las calles del país. Y también doscientos jugadores de la propia NFL. La patronal del fútbol americano, claro, echó a Kaepernick de por vida. Y ahora sigue haciendo de las suyas.

La NFL, denunció este lunes el rapero Macklemore, empujó su salida de los conciertos de Ed Sheeran en estadios de fútbol americano porque hace diez días dijo “Palestina libre” en el MetLife de Nueva Jersey, escenario de la final del Mundial. Macklemore enfatizó a los fans judíos en el estadio que su reclamo no era una crítica a ellos, sino un ruego de parar “el genocidio en Gaza. Que su gente sepa que no los hemos olvidado”.

Macklemore, que en 2024 canceló su concierto en Dubai por el rol de Emiratos Arabes Unidos en el desastre de Sudán, contó que Sheeran fue intimado a retirarlo, bajo amenaza de cancelación de los demás conciertos previstos en los estadios de fútbol americano. Y que la amenaza fue liderada por Robert Kraft, patrón de los New England Patriots, gran aliado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y también de Donald Trump.

Ayer, mientras Kraft confirmaba su “lucha contra el antisemitismo”, se retiraron todos los teloneros de Sheeran en solidaridad con Macklemore. Son los mismos patrones de la NFL, escribió el periodista Karim Zidan, que a comienzos de año abrieron las puertas de sus estadios al rapero Kanye West, que tiene largo historial de antisemitismo y hasta declaró admiración por Hitler. “¿Es realmente peor mostrar solidaridad con Palestina que apoyar a los nazis reales?”, se preguntó Zidan.

Estados Unidos, lo vemos todos los días, brutalizó el debate público en el segundo mandato de Trump y el deporte no podía quedar afuera. Apenas algunas crónicas recordaron estos días el décimo aniversario de Kaepernick, su primer arrodillamiento, sin gritos ni ostentaciones. “Hay cadáveres en las calles”, explicó. Brutalidad policial impune que mata a ciudadanos negros. Y se silenció casi para siempre. Llegó a un acuerdo económico por su expulsión de la NFL, se encerró en sus proyectos sociales y renunció a convertirse en líder. Trump lo llamó “hijo de puta”. Después de Barack Obama, recordó el periodista y escritor Howard Bryant, Kaepernick se convirtió en el rostro principal de la ira blanca. Incluso de colegas suyos, jugadores negros como Ray Lewis, vinculado a dos homicidios, multado en 250.000 dólares por la NFL, pero que nunca fue suspendido siquiera por un partido.

Además de gestos célebres (Muhammad Alí y Vietnam, el podio de Black Power de México 68), Kaepernick vio antes que él a los jugadores de St. Louis Rams entrar al campo con brazos levantados (“no disparen”) tras un asesinato policial y a mujeres basquetbolistas de la WNBA entrar con camisetas negras a la cancha. Luego, el escándalo por su arrodillamiento (recuerdo de Martin Luther King). Y el aire explotó en 2020, asesinato enésimo (George Floyd asfixiado por la toma de un policía).

LeBron James, también él vocero de esos tiempos, y que tuvo duros cruces con Trump, abrió una premiación de ESPN con “Black Lives Matter” (Las vidas negras importan). Y luego millones y por las calles de todo Estados Unidos y de otras capitales, derribamiento de estatuas de esclavistas incluido. Tal vez LeBron simbolice el retroceso de hoy. Primero, el dolor por la impunidad final del asalto al Capitolio cuando Trump fue derrotado por Joe Biden. Y, luego, cuando el propio magnate fue reelegido con más de 77 millones de votos.

Con un patrimonio estimado de 1500 millones de dólares, 41 años, recta final ahora con Philadelphia 76ers, y próximo Salón de la Fama, LeBron hoy no habla siquiera de la violencia de ICE. Del matonaje diario. Su productora, dedicada inicialmente a recordar atletas rebeldes, está más enfocada en el entretenimiento. Y hace diez días él mismo anunció que será hombre de Polymarket, el nuevo negocio de apuestas que él mismo cuestionaba (disfrazado en este caso de “mercado de predicciones”). Para evitar conflictos con la NBA, LeBron solo apostará en el fútbol americano. La semana pasada promocionó su primera jugada. Vaticinó que Seattle Seahawks ganaría la apertura de la NFL a New England Patriots. Triunfó 13-10 el local. Primer acierto de LeBron. Y el deporte arrodillado.